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Memoria de Sostenibilidad 2018
La Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, estableció que las
sociedades mercantiles estatales y las entidades públicas empresariales ads-
critas a la Administración General del Estado debían adaptar sus planes estra-
tégicos para presentar anualmente informes de Gobierno Corporativo. Ante
la ausencia de un modelo oficial de referencia para la elaboración de este tipo
de informes en las empresas del sector público, tal y como el que existe para
las sociedades anónimas cotizadas, se han tomado en consideración diversos
documentos nacionales e internacionales. Entre ellos, además de la citada ley,
cabe destacar los siguientes:
Normativa española
•
Real Decreto 1373/2009, de 28 de agosto, por el que se aprueba el Regla-
mento General de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de
las Administraciones Públicas.
•
Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Informa-
ción Pública y Buen Gobierno.
•
Ley 31/2014, por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital, para
la mejora del Gobierno Corporativo
•
Ley 11/2018, de 28 de diciembre, por la que se modifica el Código de Co-
mercio, el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado
por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y la Ley 22/2015, de
20 de julio, de Auditoría de Cuentas, en materia de información no finan-
ciera y diversidad.
Recomendaciones internacionales
Directrices de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Eco-
nómico) sobre el Gobierno Corporativo de las Empresas Públicas, en su última
edición (2015).
Naturaleza jurídica, titularidad
y funciones
Naturaleza jurídica de la Entidad
•
La Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P. (Tragsa), es una
Sociedad Anónima, Sociedad Mercantil Estatal y Medio Propio, de capital
social íntegramente de titularidad pública.
•
El Régimen Jurídico de la Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E.,
M.P. (Tragsa), y su filial Tecnologías y Servicios Agrarios, S.A., S.M.E., M.P.
(Tragsatec), está regulado por la Disposición Adicional 24ª de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP), por
la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas
del parlamento europeo y del consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26
de febrero de 2014 y por el Real Decreto 1072/2010, de 20 de agosto,
4.1. Informe de Gobierno Corporativo